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09-Aug-2020 00:38

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FACULTADES DE COMPROBACIÓN El CFF en su artículo 42 menciona en forma general lo siguiente: “Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales para: I.

Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones. Requerir a los contribuyentes, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. Practicar visitas a los contribuyentes y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad.

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Las facultades de las autoridades pueden ser clasificadas en: La facultad reglada que se ejerce debe observar las disposiciones aplicables, es decir; actúa por ministerio o imperio de la ley, por lo que la autoridad no se conduce a su libre arbitrio, sino por lo que dispone la ley, cuyo incumplimiento puede producir desde la ilegalidad de sus actuaciones hasta la aplicación de sanciones en vía de responsabilidad del servidor público.